Impuesto a Personas Jurídicas

El Impuesto a las Personas Jurídicas o Sociedades Anónimas, es un tributo que debe pagarse anualmente por cada sociedad inscrita en el Registro Nacional. Deben pagarlo todas las personas jurídicas existentes, ya sea que la sociedad se encuentre activa o inactiva ante el ministerio de hacienda.

El monto a pagar se fija de acuerdo al salario base anual de cada año, que corresponden aproximadamente a ¢460 mil colones.
El monto a pagar es variable de acuerdo a cada sociedad, depende si la sociedad se encuentra activa o inactiva ante el ministerio de hacienda y de cuántos ingresos tienen en el caso de las empresas se encuentren activas.
El cobro inicia a partir del 1 de enero de cada año y hasta el 31 de enero. Posteriormente a esta fecha debe pagar multas y recargos adicionales.
Los montos son variables anualmente y dependen del salario base anual.
El monto a pagar depende del tipo de sociedad y la tarifa cambia anualmente con base en el salario mínimo.
Las sociedades inactivas pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual (aproximadamente ¢70 mil colones).
Las sociedades activas con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base (aproximadamente ¢54 millones), pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual (aproximadamente ¢115 mil colones).
Las sociedades activas con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base (entre ¢54 millones a ¢126 millones aproximadamente), pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual (aproximadamente ¢150 mil colones).
Las sociedades activas con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual (aproximadamente ¢230 mil colones).
El salario base usado para el cálculo es de ¢450.200 colones para el año 2020.
Para el cálculo del ingreso bruto se utiliza el período fiscal inmediato anterior reportado por las sociedades activas en Hacienda.
Las sociedades nuevas que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, deben pagar este impuesto a partir del momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional.

Todas las personas jurídicas activas e inactivas, o sea todas las sociedades mercantiles de cualquier tipo que se encuentre oficialmente constituida en Costa Rica.
Este tributo lo deben pagar todos los contribuyentes propietarios de sociedades mercantiles de cualquier tipo : sociedades anónimas (S.A), sociedad de responsabilidad limitada (R.L), sociedad en comandita, sociedad colectiva y empresas individuales de responsabilidad limitada. Incluyen también a todas las sucursales de una sociedad o casa extranjera o su representante y cada una de las empresas que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.
La ley establece que la recaudación, administración, fiscalización y cobro le corresponden al Ministerio de Hacienda.

Las sociedades morosas se exponen al pago de multas, sanciones, intereses y recargos sobre el monto adeudado.
No puede realizar ningún trámite ni inscripción ante el Registro Nacional mientras la sociedad se encuentre morosa en hacienda.
Los contribuyentes morosos no pueden hacer ninguna contratación con instituciones públicas ni participar en lisitaciones del Estado.
El Registro Nacional no les emitirá ninguna certificación de personería jurídica, certificaciones literales de sociedad, ni se puede inscribir ningún documento.
No pueden inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes y se exponen a una eventual hipoteca legal preferente o prendaria de sus bienes.
Los notarios públicos deben consignar esta condición en el documento respectivo al emitir cualquier certificación de personería jurídica o literal de la sociedad.
Si una empresa no paga tres años consecutivos se disuelve la sociedad. En caso de no pagar este impuesto por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad. En caso de disolución, la Administración Tributaria está facultada para continuar procedimientos cobratorios, contra los socios oficialmente registrados quienes son responsables solidarios en el pago de este impuesto.
Los deudores morosos del tributo reciben las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Las deudas derivadas de este impuesto constituyen una hipoteca legal preferente para bienes inmuebles o una o prenda preferente para bienes muebles, que sean propiedad de las sociedades morosas.

Las multas, intereses y recargos por no pagar el impuesto a las sociedades son de un 11,73% anual.
Se expone a otras sanciones como no poder contratar con el Estado.
En caso de no realizar el pago durante en el periodo establecido por las autoridades tributarias, se aplican multas e intereses que se calculan diariamente, y que representan un 11.73% del total anual del impuesto. Estos intereses son acumulativos.
El no pago genera los intereses establecidos por ley de aproximadamente un 0.98% mensual.

Cómo se utilizan los recursos recaudados en el impuesto a las personas jurídicas.
Los ingresos provenientes del impuesto a las sociedades corresponden a :
El 90% del monto es para el Ministerio de Seguridad Pública, destinado para financiar mejoras en la atención a la seguridad ciudadana y combate a la delincuencia; infraestructura física en las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y para contratar mas policias.
El 5% del monto es para Ministerio Público, asignado para financiar la Dirección General de Adaptación Social y mejoras en el sistema penal costarricense.
El 5% del monto es para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para que el Poder Judicial de la República tenga mayores herramientas para combatir el crimen organizado.
Estos ingresos pueden permiten los recursos necesarios para poder contratar a 1.000 policías.