El RNP tiene una base de datos personales del registro civil de alrededor 12 millones de inscripciones, que está complementada con el registro de las huellas digitales y por un padrón fotográfico de ciudadanos que supera los 4.2 millones de personas.

Los servicios publicos ofrecidos por registro nacional (que incluyen la inscripcion y del estado civil de las personas), y el registro migratorio, han sido declarados funciones de “seguridad nacional” , de acuerdo a un decreto de ley que fue presentado por el diputado Jorge Ramón Hernández Alcerro, en el Congreso Nacional (CN).

Al declarar estos servicios con estado de seguridad nacional se garantiza un estricto control de toda la documentación registral de los hondureños.

Este diputado considera que el Registro debe ejercer un estricto control sobre la identidad de las personas, cuyo nacimiento o defunción no haya sido inscrito oportunamente, así como sobre la inscripción de extranjeros domiciliados en el país.

El decreto tambien plantea la reforma a varios artículos de la Ley del Registro Nacional de las Personas, emitida el 11 de mayo del 2004. El RPN se definira como un órgano especial del Estado, vinculado estrechamente a la seguridad de la sociedad, de carácter independiente, con personalidad jurídica, autonomía técnica y administrativa, entre otras cosas.

La identificación de las personas es un derecho humano fundamental porque de él se deriva el reconocimiento legal de los derechos tan importantes, como la nacionalidad, la filiación, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de los padres con los hijos y el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Desde 1980 el RPN ha jugado un papel importantísimo en el afianzamiento del sistema democrático en nuestro país porque permitió del anterior sistema de ejercicio del sufragio censal al ejercicio del sufragio universal de los ciudadanos.

El Registro Nacional de las Personas tutela el derecho a la identidad de los hondureños; sin identidad un hondureño no puede ejercer su sufragio, no puede obtener su documento de viaje al exterior, no puede identificarse para acceder a una licencia de conducir o para registrar una arma, o inscribirse en la Universidad.

Las bases del RNP sirven de origen y requisito para la extensión del pasaporte, de la licencia de conducir, del permiso de portación de armas, y a los controles del lavado de activos y transacciones sospechosas, así como la identificación de los delincuentes.

Falta de Recursos: Hay que evitar que las debilidades del Registro Nacional de las Personas sean aprovechadas por los delincuentes, el crimen organizado, trasnacional y nacional, responsables del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico y la trata de personas y de otras actividades que amenazan a la sociedad.

El diputado precisó sobre los problemas de falta de recursos que atraviesa el RNP, que maneja 186 millones de lempiras anuales de presupuesto, de los cuales 172 millones van a sueldos y salarios y solamente tiene los 14 restantes son para operar. Con 14 millones de lempiras no es posible cubrir ni los gastos de las 300 oficinas del RNP que hay a nivel nacional por cuanto, los recursos son insuficientes y deja a esta institución con lo más elemental para funcionar.

Algunas veces no pueden comprar ni papel, ni plástico para emitir la tarjeta de identidad nacional “y es grave porque la carencia de recursos financieros además, le abre las puerta a la corrupción”, advirtió Hernández Alcerro. El decreto fue turnado a una comisión especial que esta semana lo va a dictaminar, por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.