Responsabilidad de los Funcionarios Publ

RESPONSABILIDAD de LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS en El Salvador

RESPONSABILIDAD de LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno u al indiciado, o a un defensorespecial, en su caso, declarará si hay o no hay lugar a formaciónde causa. En el primer caso, se pasarán las diligencias a laCámara de Segunda Instancia que determine la ley, para que conozca enprimera instancia, y, en el segundo caso, se archivarán.

De las resoluciones que pronuncie la Cámara mencionada conoceráen segunda instancia una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y delrecurso que dichas resoluciones admitan, la Corte en pleno.

Cualquier persona tiene derecho de denunciar los delitos de que trata esteartículo, y de mostrarse parte, si para ellos tuviere las cualidadesrequeridas por la ley.

Por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el mismoperíodo no podrán ser detenidos o presos, ni llamados a declararsino después de concluido el período de su elección.

Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un diputado fueresorprendido en flagrante delito, desde el día de su elecciónhasta el fin del período para el que fueron elegidos, podrán serdetenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado aponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea.

Por los delitos oficiales o comunes que cometan los miembros de los ConcejosMunicipales, responderán ante los Jueces de Primera Instanciacorrespondientes.

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital delfuncionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de sucargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablementesuperior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos yemolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento,el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y desus hijos, se considerarán en conjunto.

Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados adeclarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, deacuerdo con los incisos anteriores, dentro de los sesenta díassiguientes a aquel en que tomen posesión de sus cargos. la corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar laveracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en esteartículo. Al cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos,deberán hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones por el incumplimiento de estaobligación.

Los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarsedentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario oempleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dichoenriquecimiento.

La aprobación de las memorias y cuentas que se presenten al OrganoLegislativo, no da más valor a los actos y contratos a que ellas serefieren, que el que tengan conforme a las leyes.